El Estudio Hidrogeológico Río Silala fue una investigación científica encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el marco del diferendo jurídico entre Chile y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El objetivo principal fue generar evidencia sólida y verificable sobre la naturaleza y el comportamiento del sistema hídrico del Silala, un tema central en la controversia por el estatus y el uso de sus aguas.
La investigación se enfocó en comprender de manera integral la dinámica hidrogeológica de la zona, abordando tanto los procesos de recarga y descarga de los acuíferos como las conexiones entre flujos superficiales y subterráneos. El análisis permitió establecer una base técnica para argumentar que el Silala corresponde a un curso de agua internacional de carácter transfronterizo, cuyo flujo hacia Chile no es producto de intervenciones artificiales, sino de procesos naturales.
El trabajo desarrollado combinó la aplicación de metodologías especializadas con una visión integradora del sistema hidrológico, lo que hizo posible traducir la complejidad científica en información clara y aplicable a un contexto legal y diplomático. Esta capacidad de vincular ciencia con política exterior fue clave para respaldar los alegatos chilenos en un proceso de alta relevancia internacional.
Los resultados y antecedentes técnicos de este estudio fueron incorporados en documentos oficiales presentados ante la Corte: específicamente en los Anexos 3 del “Memorial of the Republic of Chile, Vol. 4” y en los Anexos 11 y 12 del “Reply of the Republic of Chile, Vol. 3”. Con ello, el proyecto se convirtió en una pieza fundamental dentro de la defensa jurídica de Chile, al proporcionar argumentos basados en datos científicos rigurosos.
Más allá de su papel en el litigio, el Estudio Hidrogeológico Río Silala constituye un ejemplo del aporte que puede ofrecer la ciencia aplicada en procesos internacionales complejos. Su desarrollo evidenció cómo la investigación interdisciplinaria contribuye a una diplomacia sustentada en el conocimiento, fortaleciendo la legitimidad de las posiciones estatales y asegurando que las decisiones se apoyen en fundamentos técnicos transparentes y robustos.